Estamos viviendo una época de revolución
informática, globalización y economía social de mercado, esta nueva realidad
viene produciendo cambios en el Estado, de ahí se plantea y es una necesidad
impostergable la Reforma
del Estado; también, en el Sector Privado, donde la empresa con su natural
“afán de lucro”, está aprendiendo a coexistir con el innovador concepto de la Responsabilidad Social.
Los cuales están conllevando a inéditas
transformaciones en el Mercado, escenario donde asisten los actores económicos,
de un lado los productores y proveedores y del otro los consumidores y usuarios
de bienes y servicios, en la que la “ley de la oferta y demanda”, ya no es
absoluta, pues, gracias a la revolución científica y tecnológica, se está
abriendo paso la “ley de la competitividad y productividad”.
Estos cambios, están replanteando las funciones del
Sector Público y el rol del Sector Privado, obligando a la Sociedad Civil asumir un
diferente y dinámico papel en la política como ciudadanos y en la economía como
consumidores. Antes era el Estado la locomotora del progreso, el que daba
empleo, hacía empresa y producía riqueza; ahora, es el sector privado, el motor
del crecimiento, el que da trabajo, hace inversión y genera bienestar.
Entonces, cuál es la función del Estado? El de
orientador, promotor y regulador, ello exige un nuevo tipo de Gestión Pública
que, pensando en el pueblo y reconociendo el rol del capital en el desarrollo
del país, propicie la actividad empresarial en general sin complejos y sin
proclividades monopólicas ni mercantilistas, sobre todo, descentralista y con
respeto del medio ambiente, derechos laborales, obligaciones tributarias e
intereses nacionales.
Por lo tanto, las tareas primordiales del Estado,
especialmente, de los Gobiernos de los tres niveles: el nacional, regional y
locales son:
1. Simplificación administrativa, haciendo que los
trámites sean cada vez menos engorrosos (reducir requisitos), menos demorosos
(reducir días) y menos onerosos (reducir costos).
2. Orientar la inversión pública en alianza con la
inversión no pública a proyectos y obras de infraestructura de saneamiento,
productiva, comunicacional y energética.
3. Alentar la iniciativa privada de los empresarios,
estudiantes, profesionales, comunidades rurales y urbanas; otorgando garantías
a la inversión nacional y extranjera.
4. Mejorar la calidad de la educación y salud, por ser
pilares del bienestar y desarrollo humanos, poniéndose metas con medición de
resultados, a corto, mediano y largo plazos.
5. Gestionar con participación, transparencia,
honradez, capacidad y eficiencia, los recursos y atribuciones de las entidades
públicas.
Un Estado, no estatista tampoco privatista, al
servicio del ciudadano, fortalecedor de la competitividad e impulsor del
mercado y del desarrollo en democracia con justicia social.
Beto Lajo
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